Politica Nacional De Drogas

Política Nacional De Drogas

Los presentes Lineamientos de la Política Nacional de Drogas desarrollan la nueva visión de la política de drogas según la cual se busca reducir los impactos negativos de la problemática de las drogas en la población colombiana.

Esta nueva visión es el resultado del avance del país hacia una mejor comprensión del problema de las drogas a partir de la experiencia de tantos años de lucha contra esta problemática, lo que ha resultado en el entendimiento de que para contribuir al bienestar de la sociedad se requiere abordar la problemática de las drogas desde la comprensión de sus factores causales, sus repercusiones, los efectos esperados y no esperados, las consecuencias negativas de las políticas ejecutadas, los aprendizajes desarrollados las nuevas dinámicas de los mercados de cada una de las drogas, y su afectación en cada grupo poblacional y territorio colombiano.

Antecedentes y Justificación

El Ministerio de Justicia y del Derecho en el marco del Decreto 2897 de 2011, artículo 2, tiene la función de “formular, adoptar, promover y coordinar las políticas y estrategias en: racionalización, reforma y defensa del ordenamiento jurídico; gestión jurídica pública del derecho; ejercicio de la profesión de abogado; socialización de la información jurídica; justicia transicional y restaurativa; y las que faciliten el acceso a la justicia formal y la alternativa, en el marco del mandato contenido en las normas vigentes, al igual que las de lucha contra las drogas ilícitas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, financiamiento del terrorismo, administración de bienes incautados y acciones de extinción de dominio”.


 Este Ministerio a través de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, de acuerdo al artículo 19 del mismo Decreto es el ente encargado de “
1. Proponer los lineamientos para la formulación de las políticas e iniciativas en materia de lucha contra las drogas y actividades conexas y relacionadas en coordinación con las instancias correspondientes.
 2. Proponer los lineamientos para la formulación de las políticas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para ser presentadas ante la Comisión de Coordinación Interinstitucional contra el Lavado de Activos – CCICLA -. (…)
4. proponer los lineamientos para la formulación de la política de lucha contra las drogas relacionada con los componentes de reducción de la oferta, reducción de la demanda, gestión internacional y fortalecimiento jurídico.
 5. Orientar la elaboración de propuestas para la prevención de la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas, financiamiento del terrorismo, y demás actividades relacionadas, así como la administración de bienes incautados y en extinción de dominio y demás actividades relacionadas.
 6. Promover el cumplimiento de políticas y planes de lucha contra las drogas y orientar propuestas para su debida ejecución (...)
7. Ejercer de manera permanente la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes y articular las directrices emanadas del Consejo Nacional de Estupefacientes con las funciones de los Consejos Seccionales de Estupefacientes, así como el seguimiento y evaluación de los planes ejecutados por las regiones (...)”. Por su parte en su artículo 21 se dispone que son funciones de la Subdirección Estratégica y de Análisis: “1. Apoyar las acciones que demande el Gobierno Nacional, en especial al Consejo Nacional de Estupefacientes, en materia de planes de acción sectoriales de gestión internacional y fortalecimiento jurídico y reducción de los componentes de la oferta y la demanda de drogas ilícitas. 2. Coordinar el desarrollo de las funciones de los Consejos Seccionales de Estupefacientes, de conformidad con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes (...) 4. Acompañar a las administraciones departamentales y locales en la formulación e implementación de los planes de lucha contra las drogas. 5. Gestionar las acciones necesarias para el diseño, divulgación y promoción de estrategias de comunicación y capacitación, orientadas a prevenir la vinculación de individuos a las diferentes prácticas relacionadas con la producción y tráfico de drogas ilícitas, en coordinación con las entidades competentes.


En el marco de las competencias institucionales en materia de drogas, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha liderado actividades a nivel nacional e internacional con el fin de profundizar en el conocimiento para contribuir al desarrollo de una política de drogas basada en la evidencia. Los resultados de estas actividades se constituyen en los insumos principales de los Lineamientos de la Política Nacional de Drogas.

Teniendo en cuenta que Colombia no tiene un sistema de monitoreo para detectar la presencia de cultivos de amapola en el territorio, la información es reportada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, a partir de reconocimientos aéreos, por lo cual es aproximada. Es esta se revela que las mayores densidades de siembra se presentan en los departamentos de Nariño y Cauca con un total de 462 hectáreas cultivadas en 2016, lo que representa una disminución del 22% en relación con el año 2015. Igualmente, en relación con el cultivo de marihuana, la Policía Nacional reportó un total de 95 hectáreas detectadas siendo Magdalena y Cauca los departamentos con mayor afectación. Pese a los esfuerzos del Estado colombiano para reducir la producción de drogas, el aumento de la producción de clorhidrato de cocaína demuestra la gran capacidad de adaptación de la organizaciones criminales evidenciando la necesidad de formular estrategias que fortalezcan la institucionalidad permitiéndole acciones flexibles y coordinadas para lograr la desestructuración de las organizaciones criminales y reducir los daños que genera la actividad criminal en la ciudadanía.

Por otra parte, dado que la motivación de las organizaciones criminales tiene que ver con las altas rentabilidades y ganancias del tráfico ilícito de drogas y otras rentas ilegales, lo cual promueve la corrupción y genera distorsiones en la economía, fundamentalmente en los mercados financieros y de bienes y servicios, se producen imperfecciones en el mercado laboral, que en definitiva conllevan a desequilibrios macroeconómicos en materia fiscal y cambiaría.

Enfoques:

Se establece que todos los planes, programas, proyectos y estrategias definidos para la implementación de la Política Nacional de Drogas deberán tener en cuenta los siguientes seis enfoques:

 i. Derechos Humanos. Tiene por objeto central el respeto por la dignidad humana y el cumplimiento de las obligaciones internacionales y nacionales del Estado colombiano en materia de respeto, garantía, realización y protección de los derechos humanos. Obedece al cumplimiento de los requerimientos de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, asequibilidad y calidad de los derechos humanos. Obligan a minimizar las consecuencias negativas de las problemáticas y a actualizar las políticas principalmente en referencia a los principios básicos de igualdad y de no discriminación, respeto de las diferencias y atención al impacto de la misma sobre las poblaciones más vulnerables; diseñada e implementada con enfoque diferencial y participación efectiva; dedicada a incrementar las capacidades de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y basada en los principios de transparencia y rendición de cuentas.

 ii. Salud pública. Reconoce el derecho fundamental a la salud como un derecho humano, dotado de garantías para su realización y exigibilidad, para todas las personas que de manera directa o indirecta sufren padecimientos como consecuencia del uso abusivo de SPA. Implementa políticas intersectoriales que buscan reducir de manera integrada las consecuencias adversas del uso problemático de drogas en los individuos y en la sociedad por medio de acciones orientadas a la reducción progresiva del número de personas que usan drogas y que se afectan por esa práctica; a el mejoramiento del acceso al tratamiento con calidad de las personas co
n consumo problemático y dependientes; a la promoción de la convivencia y la cohesión comunitaria con miras a fortalecer capacidades sociales; a la rehabilitación; y a la reducción del daño.

iii. Seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, como la obligación estatal de garantizar la vida, la libertad y la integralidad personal de todas las personas que de manera directa o indirecta hacen parte de la cadena de drogas. Contribuye a la prevención, disuasión y control de los delitos y la criminalidad y desarrolla acciones orientadas a proteger y mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer el acceso a un sistema de justicia eficaz y a una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.

iv. Desarrollo territorial. Considera la influencia de la problemática en el territorio y sus particularidades para fortalecer las capacidades de los gobiernos y las comunidades, garantizando una oferta institucional permanente que permita eliminar paulatinamente las causas que han favorecido el rezago social y económico en zonas de mayor vulnerabilidad y afectación.

v. Desarrollo humano. Amplia las opciones e invierte en las personas y crea un ambiente que les aporta al mejoramiento de sus condiciones de vida a través del acceso a oportunidades sostenibles a nivel nacional, regional y local, permitiendo que estas desarrollen la capacidad de enfrentar las problemáticas asociadas a las drogas y actúen de manera participativa, consciente y libre en la definición e implementación de las políticas, estrategias, programas, planes y proyectos. Hace parte de la agenda social del país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

vi. Reducción de daños. Enfoca la política de drogas en la búsqueda de la prevención o reducción de las consecuencias adversas en lo social, económico, cultural y en la salud, generadas como resultado de la vinculación de las personas con las drogas en todos sus ámbitos; el consumo, la distribución, la comercialización, el cultivo y la producción. La política de drogas presta especial atención a la prevención, reducción y mitigación de los todos los daños surgidos como consecuencia de los efectos.

Objetivo estratégico: Mejoramiento de la oferta, el acceso, la oportunidad y la calidad de la prestación de servicios de atención a los consumidores de sustancias psicoactivas.

Actividades, procedimientos e intervenciones de atención y asistencia basados en recomendaciones que arroja la evidencia, para quienes han desarrollado un trastorno por dependencia a una o varias sustancias o presentan un patrón de consumo problemático en ausencia de dependencia. En el ámbito de este objetivo se han definido las siguientes estrategias:
a. Fortalecimiento de los procesos para la prestación de servicios de tratamiento:
 i. Construcción de lineamientos nacionales para el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas, que comprenda estándares, guías y protocolos de intervención basados en la evidencia científica, desde las acciones institucionales y el tratamiento de base comunitaria en diferentes entornos con enfoque integral y de inclusión social.
 ii. Orientación a las entidades territoriales para impulsar el proceso de certificación de habilitación de servicios para el tratamiento del abuso y la dependencia a sustancias psicoactivas.

b. Mejoramiento de la oferta de servicios con atributos de calidad: i. Generación de mecanismos que permitan la prestación de servicios de atención a consumidores de sustancias psicoactivas, como garantía del derecho a la salud.

ii. Incorporación de sistemas de evaluación y de calidad a la red de prestación de servicios de tratamiento.
iii. Promoción y fortalecimiento de las redes de apoyo a través de la creación de un banco de buenas prácticas de tratamiento al consumo de sustancias psicoactivas.
iv. Incremento de la oferta y disponibilidad de servicios de tratamiento.
 v. Ofrecimiento de servicios de atención diferenciados según el nivel de riesgo y/o la severidad de la adicción al consumo de drogas.

 Objetivo estratégico: Reducción de los riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

 Acciones orientadas a reducir los efectos negativos del uso de drogas, los riesgos asociados a las prácticas de consumo, y a favorecer la accesibilidad a la red asistencial de estos usuarios, mejorando su calidad de vida. En el ámbito de este objetivo se han definido las siguientes estrategias:

a. Fortalecimiento de los procesos para la prestación de servicios para la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas:
i. Desarrollo de lineamientos técnicos y operativos para la implementación de acciones en torno a la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

ii. Implementación del Plan Nacional de Respuesta al Consumo Emergente de Heroína.

iii. Diseño del proceso de habilitación de servicios para la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.